Hay una guerra contra Catalunya
POR JOSÉ
RAMÓN BLÁZQUEZ a Deia
CATALUNYA siempre anduvo diez
pasos por delante. El dinamismo de su economía, su apertura intelectual y las
prioridades de su clase dirigente, junto con su masa crítica territorial, han
conferido a aquella nación mediterránea una proyección superior a la que España
le proponía, hoy igual que siempre, lastrándola y sometiéndola a una unidad
ficticia y empobrecedora. Antes la obligaron por la fuerza y ahora también, al
modo teatral como se hacen hoy las cosas en la política del Estado. Sí, hay una
guerra contra Catalunya, con el objetivo de humillarla y mantener a toda costa
el triste canon democrático que se fijó en la Transición, tributario del
franquismo.
La
decidida voluntad de una amplia mayoría de catalanes de iniciar un futuro por
su cuenta y riesgo se enfrenta, en desigual batalla, a todos los poderes
imaginables, desde el poder judicial a las fuerzas policiales (y también las
militares, más sutilmente), el control y extorsión sobre su economía, pasando
por el oprobioso poder de la propaganda que ejercen los medios públicos y
privados, desde donde los siervos del Estado disparan sus insultos, mentiras y
tergiversaciones para repudiar y desprestigiar las aspiraciones legítimas de un
pueblo que solo tiene razones democráticas. El espectáculo de España cargando
contra Catalunya su arsenal de amenazas y vejaciones es digno de ser analizado.
Nos esperan muchas jornadas de deshonra y coerción que se prolongarán hasta el
mismo 1 de octubre y aún después. El otoño catalán será el preludio del
invierno ético español con la plena exhibición de sus bajezas y sus ilegítimos
orígenes, sea cual sea el resultado del heroico empeño del proyecto liderado
por el president Puigdemont.
España está en
campaña de humillación de Catalunya. Es tan débil su posición política que ni
siquiera ha tenido el atrevimiento de usar la norma más canalla de su
Constitución, el artículo 155, que faculta al
Estado la ocupación institucional de una comunidad autónoma y la privación de
sus derechos. La renuncia del uso de esta solución es táctica. Los estrategas
han pensado en algo más cruel, desatando un procedimiento que tiene cinco
áreas: la judicial, la económica, la policial y la opinión pública, además de
la internacional. Cada una de ellas está actuando de forma autónoma, pero
coordinada con las otras operaciones de sometimiento y extorsión en su formato
más burdo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dirige el gabinete de
la guerra de Catalunya -de momento incruenta- del que forman parte la cúpula de
Interior, los tribunales Constitucional y Supremo, los servicios de
inteligencia y algunos expertos en comunicación social, junto con los altos
poderes económicos del Estado y asesores sobre asuntos catalanes. De nuevo
España, se va a la guerra, la guerra sucia. Ya lo hizo en Euska
La ley del más fuerte
La humillación que se cierne sobre Catalunya pretende ganar la primera batalla,
quizás la menos importante, pero más valorada por los dirigentes: la
propaganda. El objetivo específico es que la derrota del proyecto
independentista no salpique a la totalidad de la ciudadanía catalana y se
concrete sobre la clase política nacionalista. El argumento de comunicación es
el valor supremo de la ley sobre la voluntad del pueblo. Con esta cantinela nos
vienen machacando desde hace meses: que lo legal es más que lo legítimo, que lo
formal y lo limitado son más que el fondo y la libertad. No sé si están
logrando ganar la batalla de la opinión pública más allá del amplio sector
conservador de la sociedad española, heredero de la ignorancia y el vasallaje
franquistas y que constituye hoy el electorado del PP y Ciudadanos, pero nadie
que conozca el sentido de la historia y el imparable poder de los cambios
sociales puede aceptar una razón tan insuficiente y mezquina. De hecho, quienes
reclaman el acatamiento de la legalidad son los que, amparando la corrupción,
despreciando el autogobierno vasco durante treinta años y negando la separación
de los poderes, menos cumplen su propia legalidad. La ley es solo su pretexto
arbitrario.di. Ahora cae sobre Catalunya.
No es el
valor de la ley lo que se invoca contra Catalunya: es la ley del más fuerte.
Hay una escenificación de la fuerza que se transforma en judicialización de la
política: España ha lanzado su arsenal judicial contra los que reclaman poder
votar el 1 de octubre. Los tribunales, que en mayor o menor medida (como hemos
visto en la bochornosa declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional, protegido
por el juez desde el estrado) están bajo control del gobierno central y,
además, disponen casi a su antojo del manejo de los tiempos y un indiscutible
poder de intervención sobre los parlamentos y los gobiernos, como ya conocimos
en Euskadi con la inhabilitación de Atutxa, Knörr y Bilbao, víctimas del asalto
político de los jueces a sueldo del Estado. Ahora se ha reeditado en Catalunya,
aumentado y no corregido.
INHABILITAR ES
HUMILLAR La humillación consiste en amenazar a los cargos institucionales y
los empleos de los funcionarios colaboradores del referéndum, a quienes se
acusaría de sedición, como en los mejores tiempos de la purga franquista tras
el golpe de 1936. De momento, ya han depurado a Artur Mas, a las exconsejeras
Irene Rigau y a Joana Ortega, además de al congresista Francesc Homs. Camino de
igual muerte civil van el exsenador de ERC, Santiago Vidal; el director general
de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; el excoordinador del
comité ejecutivo del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena; el
secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director general de
Atención Ciudadana, Jordi Graells. Pueden ser decenas, cientos, miles, los
catalanes ajusticiados por inhabilitación antes y después del 1-O. Ejecutados,
en definitiva, porque la inhabilitación por causas democráticas aniquila a los
condenados. Catalunya no necesita mártires para tener razón, porque suya es
toda la libertad. Se supone que los represaliados asumirán con honor su
sacrificio.
La
Guardia Civil tiene un papel relevante en este conflicto, aún sin sangre y
fuego. Hace unos días, sin ninguna excusa judicial, varios agentes verdes
penetraron en el Parlament y en dependencias de la Generalitat para requerir
información documental sobre los casos de presunta corrupción de la antigua
CiU. Esta abrupta irrupción es de una gravedad extrema y muestra hasta qué punto
el Estado estaría dispuesto a usar cualquier pretexto para configurar una nueva
versión de Tejero, otro 23-F, que derribara al suelo a los representantes de la
sociedad catalana.
Catalunya
también tiene contra sí su propia Quinta Columna. La patronal ha hecho causa
con el Estado. También la división de las fuerzas partidarias del derecho a
decidir debilita la razón del 1 de octubre. La cobardía ha provocado dimisiones
tácticas. La mayoría de los medios de comunicación infunden miedo al futuro y
denigran el proceso. Y mucha gente se quiebra, víctima de sus vacilaciones.
España es una máquina de disparar amenazas y ofensas contra funcionarios,
empresas, pensionistas, trabajadores, ciudadanos. Es otra forma de terror. El
bombardeo es insistente con la sinrazón de una legalidad que es preciso superar
y vencer. España hace trampas y violenta la democracia. No tiene legitimidad
alguna para machacar a Catalunya.
La
lección catalana es que la estructura del Estado y el entramado político y
jurídico que la sostiene han caducado. Demuestra que España miente bellacamente
cuando afirma que todo es posible en democracia. Y como España no quiere
cambiar, hay que forzar su estrecha y dudosa legalidad. Con la fuerza de la
política. La historia está llena de ejemplos de heroicas rupturas que cambiaron
y mejoraron las naciones. Sea lo que sea que vaya a ocurrir, Catalunya ya ha
ganado esta guerra. Nunca hubo más razón para la sedición, gran virtud
liberadora.
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